CCOO se moviliza para defender a los intérpretes de lengua de signos
Convoca dos jornadas de huelga y protagoniza una concentración ante la Delegación del Gobierno que congrega a medio centenar de personas
Gabinete
El sindicato Comisiones Obreras ha vivido hoy la primera de las dos jornadas de huelga que ha convocado entre los 1.400 Técnicos de Integración Social (PTIS) e Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), contratados por empresas para prestar los respectivos servicios educativos, para exigir la subrogación de sus empleos una vez estos pasen a ser prestados con empleo público. En la provincia de Granada, tanto el servicio externalizado de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales como el de Interpretación de Lengua de Signos desarrollado por estas trabajadoras –pues son colectivos altamente feminizados, con casi el 90% de mujeres— se viene desempeñando en 130 centros de enseñanza públicos, afectando a 152 trabajadoras y trabajadores repartidos por toda la provincia.
En esta primera jornada reivindicativa, integrantes del sindicato se han concentrado en la puerta de la Delegación de la Junta de Andalucía en Granada. La protesta ha convocado a medio centenar de personas.
La secretaria general del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO Granada, Mercedes González, ha exigido el cumplimiento de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, y concretamente su artículo 130.3, por la que la Consejería de Educación y Deporte estaría obligada a la subrogación de este personal, una vez la prestación del servicio sea ofrecida de forma directa y con personal propio por la Administración.
Como ha explicado González, se trata de trabajadoras que llevan años prestando este servicio de apoyo y atención al alumnado con necesidades educativas especiales y tienen unos derechos adquiridos, reconocidos en el artículo 44 del estatuto de los Trabajadores. Por ello, desde la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía han pedido la convocatoria de una Mesa de Negociación para tratar la subrogación, sin perder de vista el mantenimiento del empleo de las trabajadoras. Si la administración se niega, iríamos a la vía judicial y aunque tenemos el antecedente de las monitoras escolares donde la Justicia ha dado la razón a CCOO, este proceso se dilataría mucho con los perjuicios que esto conlleva.
CCOO ha recordado que el conflicto surge a raíz del Informe General de la Junta de Andalucía de 2016, por el que queda claro que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación tiene hasta el 2022 para convertir estos puestos en públicos.
